El presidente de la Cámara insistió en que no negociará con los demócratas hasta que abandonen sus demandas sobre subsidios de salud mientras miles de trabajadores son despedidos
por INFOBAE
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, predijo el lunes que el cierre del gobierno federal podría convertirse en el más largo de la historia, insistiendo en que no negociará con los demócratas hasta que abandonen sus demandas sobre atención médica.
Solo en el Capitolio, en el decimotercer día del cierre, Johnson declaró que desconocía los detalles de los miles de trabajadores federales despedidos por la administración Trump. Es un despido masivo altamente inusual, visto ampliamente como una forma de aprovechar el cierre para reducir el alcance del gobierno. El vicepresidente JD Vance ha advertido sobre recortes “dolorosos” por venir, incluso mientras los sindicatos de empleados demandan.
“Nos dirigimos hacia uno de los cierres más largos en la historia de Estados Unidos”, indicó Johnson, de Luisiana.
Sin un final a la vista, el cierre parece encaminado a continuar por el futuro previsible. La clausura ha detenido las operaciones rutinarias del gobierno, ha cerrado museos del Smithsonian y otras instituciones culturales emblemáticas, y ha dejado a los aeropuertos lidiando con interrupciones de vuelos, inyectando más incertidumbre en una economía ya precaria.
La Cámara de Representantes está fuera de sesión legislativa, con Johnson negándose a convocar a los legisladores de regreso a Washington, mientras que el Senado, cerrado el lunes por el feriado federal, volverá al trabajo el martes. Pero los senadores están atrapados en un callejón sin salida de votos fallidos mientras los demócratas se niegan a ceder en sus demandas de atención médica.
Johnson agradeció al presidente Donald Trump por asegurar que el personal militar sea pagado esta semana, lo que eliminó un tema que podría haber llevado a las partes a la mesa de negociaciones.
En su núcleo, el cierre es un debate sobre la política de atención médica, y particularmente sobre los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que están expirando para millones de estadounidenses que dependen de la ayuda del gobierno para comprar sus propias pólizas de seguro en los intercambios de Obamacare. Los demócratas exigen que se extiendan los subsidios; los republicanos argumentan que el tema puede tratarse más adelante.
Con el Congreso y la Casa Blanca estancados, algunos consideran el final del mes como una posible fecha para reabrir el gobierno.
Es entonces cuando comienza la inscripción abierta, el 1 de noviembre, para el programa de salud en cuestión, y los estadounidenses enfrentarán la perspectiva de pronunciados aumentos en las primas de seguro. La Fundación Kaiser Family ha estimado que los costos mensuales se duplicarán si el Congreso no renueva los subsidios que expiran el 31 de diciembre.
También es cuando los empleados públicos con horarios de pago mensuales, incluidos miles de asistentes de la Cámara, se quedarán sin cheques de pago.
El debate sobre la atención médica ha persistido en el Congreso desde que la Ley de Cuidado de Salud Asequible fue aprobada bajo el entonces presidente Barack Obama en 2010.
El país pasó por un cierre del gobierno de 16 días durante la presidencia de Obama, cuando los republicanos intentaron derogar la ley en 2013.
Trump intentó derogar la ley, comúnmente conocida como Obamacare, durante su primer mandato, en 2017, con una mayoría republicana en la Cámara y el Senado. Ese esfuerzo fracasó cuando el entonces senador John McCain votó memorablemente en contra del plan.
Con 24 millones ahora inscritos en Obamacare, un récord, Johnson señaló el lunes que es poco probable que los republicanos sigan ese camino nuevamente, señalando que todavía tiene “síndrome postraumático” de ese momento.
“¿Podemos derogar y reemplazar completamente Obamacare? Muchos de nosotros somos escépticos sobre eso ahora porque las raíces son muy profundas”, sostuvo Johnson.
El presidente de la Cámara insiste en que su partido ha estado dispuesto a discutir el tema de la atención médica con los demócratas este otoño, antes de que los subsidios expiren a fin de año. Pero primero, dijo, los demócratas tienen que acordar reabrir el gobierno.
El cierre más largo, durante el primer mandato de Trump por sus demandas de fondos para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, terminó en 2019 después de 35 días.
Mientras tanto, la administración Trump está ejerciendo una amplia discreción tanto para despedir trabajadores —lo que genera quejas de compañeros republicanos y demandas sindicales— como para determinar quién recibe pago.
Eso significa que no solo los militares, sino otras prioridades de la administración Trump, no necesariamente tienen que quedarse sin paga, gracias a las diversas fuentes de financiamiento y a los miles de millones disponibles bajo el presupuesto presidencial.
El Pentágono aseguró durante el fin de semana que pudo utilizar 8.000 millones de dólares en fondos no utilizados de investigación y desarrollo para pagar al personal militar que de otra manera se hubiera quedado sin paga el miércoles. Pero el Departamento de Educación está entre los más afectados, interrumpiendo la educación especial, los programas extracurriculares y otros.
“La Administración también podría decidir usar fondos obligatorios proporcionados en la ley de reconciliación de 2025 u otras fuentes de financiamiento obligatorio para continuar actividades financiadas por esas asignaciones directas en varias agencias”, según la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista.
Esa instancia había citado al Departamento de Defensa, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Gestión y Presupuesto como algunos de los que recibieron fondos específicos bajo la ley.
“Algunos de los fondos en la asignación directa del Departamento de Defensa bajo la ley de reconciliación de 2025 podrían usarse para pagar al personal en servicio activo durante un cierre, reduciendo así el número de trabajadores exceptuados que recibirían compensación retrasada”, escribió la agencia presupuestaria en una carta respondiendo a preguntas planteadas por la senadora republicana Joni Ernst de Iowa.
(Con información de AP)